La previsión es que en el año 2023 haya 100.000 puestos de recarga para vehículos eléctricos en todo el país y crear un mapa que recoja toda la información de cada uno.
El Gobierno ha aprobado un real decreto para controlar los puntos de recarga públicos y así recoger toda la información relativa a los mismos, así como ayudar a ampliar de manera efectiva y rápida la infraestructura mediante el aporte de datos fiables sobre localización, proveedor y operador.
El documento, impulsado por el Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico, tiene como objetivo dinamizar la movilidad sostenible y alcanzar el objetivo de que España tenga 100.000 puntos de recarga públicos en 2023. Para ello regulará la actividad de prestación de recarga de vehículos eléctricos, con obligaciones y derechos de los agentes que participan de la actividad, así como la remisión de información sobre las características de las instalaciones. La aprobación por parte del gobierno de este real decreto para controlar los puntos de recarga públicos también contempla un mapa oficial de puntos de recarga que se hará público “en los próximos meses”.
Este texto crea un marco normativo de aplicación para la actividad de recarga pública de vehículos eléctricos que establece dos figuras jurídicas que participan de este sistema:
- Operador del punto de recarga: Es el titular de los derechos de explotación de las estaciones y responsable de su operativa física.
- Empresa proveedora de servicios para la movilidad eléctrica: Ejerce como intermediario entre los operadores y usuarios los coches eléctricos y que, en un momento dado, puede prestar servicios de valor añadido a dichos usuarios.
De cualquier forma esta normativa solo afecta los puntos de acceso público, para los cuales se establecen una serie de derechos y obligaciones de los operadores y proveedores de servicios. El objetivo es facilitar las recargas y reforzar la protección de los usuarios. Así, ambos deberán informar del origen de la energía eléctrica suministrada al igual que disponer de un servicio de atención al cliente que preservará el carácter confidencial de la información de la que tengan conocimiento.
El real decreto garantiza el acceso de todos los usuarios de vehículos eléctricos a estos puntos y refuerza la obligatoriedad de que carezcan de barreras de naturaleza técnica o contractual.
Con estas medidas la ministra Teresa Ribera ha señalado que se pretende “consolidar la fiabilidad de las infraestructuras de recarga”. De igual forma subraya “las obligaciones a las que quedan sometidos aquellos que instalan un punto de recarga, en un espacio público; incluidas las de información para mapear y conocer la disponibilidad o el precio de la recarga”.
MAPA OFICIAL DE PUNTOS DE RECARGA
Además de todo esto también existe la intención de crear un completo mapa informativo de la ubicación de cada punto y que realizará el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Para ello el documento contempla que los operadores y proveedores aporten la información, tanto al propio ministerio como a las Comunidades Autónomas, acerca de la localización, características y precio de la recarga de estos puntos.
Esta medida complementaria pretende ayudar a reducir la denominada ‘ansiedad de la autonomía’ así como aportar una información veraz, eficaz y actualizada de cada punto de la geografía española.