El consejero Valbuena defiende que se endurezcan las sanciones a entidades públicas y privadas por lanzar aguas residuales al océano: “Incumplir sale muy barato”.
El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, defiende que se efectúe un endurecimiento de las sanciones por los vertidos al mar de aguas residuales que no estén autorizados, porque “la normativa es muy laxa e incumplir sale muy barato”.
El político tinerfeño ha defendido esta postura durante una sensión plenaria del Parlamento de Canarias en la que compareció el mes pasado a instancias de la diputada del PP Luz Reverón, y donde dio cuenta del último censo de vertidos, correspondiente a 2021, que revela que en Canarias hay 434 puntos, el 54% de aguas residuales urbanas, de los que solo el 28% están autorizados, mientras que el 72% no.
La gran parte de los expedientes sancionadores, hasta el 75%, son contra administraciones públicas, dijo Valbuena, quien también defendió que en Canarias se imponga un canon por vertido. No obstante, precisó que aunque dos tercios de los vertidos no tienen autorización, en términos de volumen de agua, el 80% sí la tiene, lo que supone que hay un seguimiento y control. Ese 80% corresponde, fundamentalmente, a los procesos de refrigeración de las siete centrales eléctricas instaladas en la Comunidad Autónoma.
De los cuatro expedientes de sanción abiertos por la Unión Europea, uno está en fase contenciosa, “y podemos darlo por resuelto”, mientras que otros dos están en fase pre-contenciosa, en proceso de alegaciones, porque “entendemos que los problemas están resueltos o encauzados con proyectos en vías de ejecución”. El cuarto expediente es del de Güímar, y por él hay que pagar 10 millones de euros de sanción cada seis meses mientras no esté en funcionamiento la estación depuradora.
José Antonio Valbuena recordó que la competencia en la gestión de las aguas residuales es municipal y, si otras administraciones como cabildos o Comunidad Autónoma se hacen corresponsables, significa que los municipios también tienen que participar en la financiación de los proyectos. Al respecto, informó que el Estado dispondrá una financiación de 20 millones de euros en 2023 para obras dentro del acuerdo de infraestructuras hidráulicas de Canarias, que es la inversión que se puede ejecutar ese año.
El consejero, a petición de la diputada Luz Reverón, se comprometió a la realización de un censo de patologías asociadas a los vertidos sin tratar que se producen en las costas, que son un problema para los ecosistemas marinos pero también para la salud humana, alertó.
La semana pasada, Valbuena protagonizó otra intervención de impacto, dando cuenta de los datos arrojados por un estudio sobre los efectos del cambio climático en las Islas.